En las recientes semanas, Chile ha experimentado un despertar social como no sucedía en décadas. Sobrepasada por las exigencias de un modelo socioeconómico de extrema voracidad, la ciudadanía ha dicho “basta” exponiendo pacíficamente las demandas prioritarias en la agenda política y económica del país para la fundación de un nuevo Pacto Social. Sin embargo, poco se ha hablado del artículo 19, número 8, de la Constitución, el cual expone sin titubear que “asegura a todas las personas: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, siendo el Estado el garante de “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.
Chile posee la mayor superficie glacial de América del Sur, principalmente concentrada en los Campos de Hielo Patagónicos, los cuales constituyen una de las masas de hielo continental más extensas del planeta fuera de los Polos. Sin embargo, a lo largo de la Cordillera de los Andes, la cual articula la totalidad del territorio nacional, se distribuyen otros miles de glaciares de diversa extensión y tipología. Por ejemplo, según el Randolph Glacier Inventory (RGI 6.0), en la Región Metropolitana existen más de 300 masas de hielo catalogadas como glaciares. Aún así me he topado con un número significativo de conciudadanas y conciudadanos que aún no se han percatado que, desde la micro en Santiago (cuando la contaminación atmosférica lo permite), pueden disfrutar de la vista de los glaciares Iver y Colgante del cerro El Plomo con solo dirigir la mirada hacia la Cordillera. Sinceramente, no sé cuantas capitales del mundo pueden disfrutar de semejante paisaje.
A pesar de no contar con la majestuosidad de los ventisqueros patagónicos, estos glaciares del norte y centro de los Andes cumplen con una función ecológica, social y económica, si cabe aún, más crucial que los primeros. El hielo que los forma constituye una reserva hídrica fundamental para mantener el caudal de los ríos y embalses de la región durante periodos de sequía. Así pues, esta agua no sólo sirve para sostener paisajes altoandinos de un tremendo valor ecológico, si no, que permite que millones de chilenas y chilenos tengan acceso a un recurso vital. Seguramente, un buen número de las gotas de agua que nos refrescan y riegan nuestros campos provienen de estos cuerpos helados que perduraron en los Andes por cientos, si no miles de años. Es más, muchas de las actividades que conducen el desarrollo de nuestra economía necesitan este recurso y, por lo tanto, también son dependientes de los glaciares en cierta medida.
En las últimas décadas, observaciones directas e indirectas indican que la mayoría de los glaciares andinos están retrocediendo, en algunos casos a tasas extremadamente elevadas. Un estudio publicado recientemente en Nature Geoscience, liderado por una científica chilena, calcula que los glaciares de Andes centrales han perdido en promedio una masa de hielo que oscila entre 0.3 y 0.9 gigatoneladas/año (1 gigatonelada = 1,000,000,000 tonelada) durante el periodo 2000-2018 (Dussaillant et al., 2019). Lamentablemente, esto significa, como cita el viejo refran “pan para hoy, hambre para mañana”, pues el agua de fusión que emana de los glaciares seguirá el curso de los ríos hasta perderse en el océano y solo será posible recuperarla a través de las lluvias, cuya disponibilidad se ha reducido como consecuencia de la megasequía que hemos padecido durante los últimos quince años. Es más, las proyecciones climáticas sugieren que vamos camino hacia un futuro de déficit hídrico crónico.
Por estas razones, abrazando el principio de la precaución, es que la conservación de los glaciares chilenos se torna una empresa nacional de vital trascendencia. Afortunadamente, un sector de la sociedad se ha dado cuenta de esto y lleva años demandando la promulgación de una ley que asegure la implementación de medidas encaminadas a minimizar el impacto directo de las actividades humanas en los Glaciares Andinos. Después de varios tropiezos legislativos durante los últimos años, se ha comenzado a debatir un nuevo proyecto de ley en el Senado. Sin embargo, el panorama no parece acercarnos al objetivo de salvaguardar los glaciares del país cuando, en la sesión de la Comisión de Minería del pasado 18 de julio de 2019, se argumentó que una ley de protección de glaciares no era necesaria puesto que todos los glaciares en territorio chileno se encuentran resguardadas bajo el sistema de áreas silvestres protegidas o mediante estudios de evaluación de impacto ambiental.
Aún siendo totalmente verídico, esta afirmación no contribuye a salvaguardar nuestros glaciares en donde constituyen una reserva hídrica fundamental y, por tanto, un recurso vital para la población principalmente de ese sector y el país en donde más se necesitan. Pues, casi exclusivamente, son los glaciares patagónicos, los que se encuentran bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres, dejando practicamente la totalidad de los Glaciares del Norte y Centro del país, desprotegidos por ley y susceptibles a enfrentarse a evaluaciones de impacto ambiental, las cuales resultan frecuentemente positivas ante actividades perjudiciales para su conservación. Por ejemplo, ningún glaciar de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaiso y el Maule se incluyen en áreas silvestres protegidas. En las regiones Metropolitana y de O´Higgins solo una escasísima porción de sus glaciares están protegidos en el Monumento Nacional de El Morado y la Reserva Nacional del Río Cipreses, respectivamente. Cabe mencionar que es en éstas regiones, donde se concentra el mayor porcentaje de la población nacional y actividad productiva de Chile, también han sido las que han sufrido con mayor severidad las consecuencias de la sequía actual.
Ante esta situación, bajo el contexto del esperanzador escenario que tenemos por delante, en el que el clamor ciudadano demanda un nuevo Pacto Social, no debemos desaprovechar la oportunidad de proteger nuestros glaciares mediante una ley sustentada en evidencia científica y que promueva la integración de un amplio espectro de los sectores sociales y económicos. De esta manera, Chile se situaría a la vanguardia en la búsqueda de soluciones a la actual crisis ambiental que vive el planeta y, lo más importante, se encaminaría hacia la construcción de un país donde las generaciones del futuro, puedan realmente sentirse orgullosas de preservar su naturaleza.
Rodrigo L. Soteres
Dr. (c) en Geografía. Pontifica Universidad Católica de Chile
Distribución de Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), glaciares y áreas urbanas.
Distribución de Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), glaciares y áreas urbanas.
Promedio de precipitaciones anuales periodo 1970-2000
